La dictadura cívico militar (1973-1985) Larrobla, Carla
Extraido de http://www.1811-2011.edu.uy
Antecedentes del Golpe de Estado de 1973
El
Golpe de Estado de 1973 estuvo precedido por un proceso de crisis
gradual del sistema político cuyo inicio podría fecharse en 19671.
Caracterizado por el deterioro de la democracia y del Estado de
Derecho, este período ha sido denominado por Álvaro Rico como “el camino
democrático de la dictadura”2, donde se asistió a una auto-transformación del Estado de Derecho en Estado policial.
La
agudización de la violencia es otro de los elementos que permiten
caracterizar los años previos a la dictadura. La irrupción de la lucha
armada como camino de transformación impulsada por algunas
organizaciones políticas, como fue el caso del Movimiento de Liberación
Nacional- Tupamaros (MLN), se inscriben en un clima de agitación
revolucionaria que trasciende a la esfera nacional. Las movilizaciones
sociales crecientes fueron acompañadas por los procesos de unidad
sindical y de la izquierda uruguaya. Estos procesos culminan con la
formación de la Convención Nacional de Trabajadores en 1964 y del Frente
Amplio en 1971.
En
contrapartida las prácticas represivas por parte del Estado se fueron
extendiendo y profundizando. La aplicación sistemática de la tortura a
los detenidos fue denunciada en reiteradas ocasiones al tiempo que
aumentaban las acciones de los grupos de ultra derecha.
El
avance del autoritarismo a nivel de la esfera pública provocó la
reestructuración del mundo privado, instalando el clima de sospecha, la
duda, la desconfianza. El miedo comenzó a calar hondo en la sociedad
uruguaya. Las Medidas Prontas de Seguridad fueron utilizadas de forma
sistemática por parte del gobierno en aras de combatir a la “subversión”
que era representada tanto por la guerrilla como por todos aquellos que
respondían al “marxismo internacional”.
En
enero de 1972, Juan María Bordaberry asumía la presidencia de la
República como el nuevo mandatario electo. El 14 de abril del mismo año,
el MLN lanzó su plan de ofensiva contra el grupo de ultra derecha
“Escuadrón de la Muerte”. Luego de una jornada sangrienta que culminó
con 11 personas asesinadas3; el Parlamento declaró
el “Estado de Guerra Interno” que se extendió hasta el 10 de julio de
1972 con la aprobación de “Ley de Seguridad del Estado” (que estará
vigente durante toda la dictadura). De esta manera quedaban suspendidas
las garantías individuales.
El
deterioro de la democracia era visible para todos los sectores
políticos y para la población en general mientras que la injerencia de
los militares en la vida pública iba creciendo. Una vez finalizada la
fuerte contraofensiva militar contra el MLN que logró desmantelar a la
organización, el Presidente mostró claras intenciones de alejar de
escena a las Fuerzas Armadas.
Llegamos,
de esta manera, a la crisis de febrero de 1973. Ante el nombramiento
del Gral. Antonio Francese para el cargo de Ministro de Defensa
Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea emitieron, el 8 de febrero un
comunicado solicitando al Presidente que relevara del cargo al nuevo
ministro. Por su lado, la Armada Nacional, fiel a Bordaberry ocupó la
Ciudad Vieja, bloqueándola en señal de apoyo.
Paralelamente
el Ejercito y la Fuerza Aérea, emitieron los comunicados 4 y 7 -el 9 y
10 de febrero. Éstos provocaron una gran confusión en diversos sectores
políticos y sociales que apoyaron la postura de los militares al
considerarlas más progresistas que las que representaba el Poder
Ejecutivo. De esta forma se produjo un mayor aislamiento del Presidente
que veía como se multiplicaban las voces que pedían su renuncia. Ante
esta situación, es Bordaberry quien pone punto final a la crisis
institucional, tras acordar con los militares el 13 de febrero de 1973,
en lo que ha sido llamado el “Pacto de Boisso Lanza”. En el mismo se
estipuló la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA),
integrado por el Presidente, algunos ministros, los Comandantes de las
tres armas y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. La presencia de las
Fuerzas Armadas en la vida pública del país quedaba, así,
institucionalizada.
El
25 de abril de 1973, el Poder Ejecutivo solicitó al Senado el desafuero
del Senador Enrique Erro, por supuestas vinculaciones con el MLN- T, el
cual será rechazado por la Cámara de Representantes, por un solo voto
de diferencia. Las discusiones que se generaron al respecto del
desafuero agudizaron las tensiones entre el elenco parlamentario y los
mandos castrenses.
El
1º de junio Bordaberry reimplanta las Medidas Prontas de Seguridad,
provocando el retiro del apoyo de la “Lista 15” al gobierno. Los
conflictos con los partidos políticos siguen profundizándose: es
detenido el presidente del Directorio del Partido Nacional al tiempo que
se anuncia el envío por parte del Ejecutivo del pedido de desafuero del
diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz. La crisis política se
agravaba cada vez más.
Golpe de Estado y Huelga General
En
la madrugada del 27 de junio, el Presidente Juan María Bordaberry
firmó, junto a los Ministros de Defensa e Interior, el decreto de
disolución del Parlamento. De esta manera es el presidente electo
constitucionalmente quien “…en dicho acto (autogolpe) deviene dictador
de facto. No existió, pues, ni usurpación, ni vacío, sino continuidad y
unidad del poder estatal…”4
La
respuesta de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) fue inmediata
y la Huelga General fue declarada el mismo 27 de junio, procediéndose a
la ocupación -por parte de los obreros- de los lugares de trabajo. Esta
medida fue acompañada por la Federación de Estudiantes Universitarios
del Uruguay (FEUU) impulsando la paralización de las actividades
curriculares y la ocupación de los centros de estudio. La respuesta del
gobierno no se hizo esperar y el 30 de junio se emitió el decreto de
disolución de la CNT y se dispuso la clausura de sus locales y el
arresto de dirigentes sindicales. El 11 de julio la central decidió
levantar la huelga en el marco de una represión creciente que provocó
que el gobierno debiera habilitar el Cilindro Municipal como centro de
detención, debido a que la capacidad de las cárceles y de otros
establecimientos de reclusión se encontraba saturada.
La
Huelga General se extendió a lo largo de 15 días y fue acompañada por
distintas acciones del movimiento popular: manifestaciones relámpago (la
más significativa de ellas fue la realizada el 9 de julio sobre la
avenida 18 de julio5), reorganización inmediata de
las ocupaciones luego de los desalojos, volanteadas, pintadas; llegando
a realizarse el simbólico acto de apagar la llama de la refinería de
ANCAP, ubicada en el barrio La Teja.
Como
contraparte, la política represiva desplegada por el gobierno dejó como
saldo cientos de detenidos y heridos y dos trabajadores asesinados:
Walter Medina (6 de julio) y Ramón Peré (9 de julio).
En
lo que refiere al movimiento estudiantil, las autoridades decidieron
realizar en setiembre de 1973, las elecciones universitarias bajo el
control de la Corte Electoral. En todos los servicios universitarios
triunfaron los sectores de oposición a la dictadura, convirtiendo a este
acto eleccionario en un fracaso para los objetivos del gobierno. A esta
instancia se le suma el suceso del 27 de octubre de 1973, donde luego
de la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería, fue
intervenida la Universidad de la República al tiempo que fueron
detenidos el Rector y la mayoría de los Decanos. A partir de ese momento
se inició un proceso de depuración de los principales cuadros docentes
universitarios. Por último el 28 de noviembre fueron ilegalizadas las
actividades de casi todos los partidos o grupos de izquierda y de la
FEUU.
Breve síntesis del proceso político de la dictadura
El
27 de junio de 1973 comenzó a organizarse el aparato institucional que
daría forma al gobierno de facto. De esta manera, a través del mismo
decreto que disolvió el Parlamento, se creó el Consejo de Estado, cuyas
atribuciones fueron: desempeñar las funciones de la Asamblea General y
controlar la gestión del Poder Ejecutivo en lo referente al respeto a
los derechos individuales y a las normas constitucionales y legales. A
su vez debía elaborar un anteproyecto de reforma constitucional. Dicho
Consejo inició sus funciones el 19 de diciembre de 1973 siendo su primer
presidente el ex senador nacionalista Martin Echegoyen.
El
mismo día del Golpe de Estado se emitió el decreto de disolución de las
Juntas Departamentales que fueron sustituidas por las Juntas de
Vecinos, cuyos miembros (nueve para Montevideo y siete para las 18
restantes) serían designados por el Poder Ejecutivo. Las principales
funciones gubernamentales fueron absorbidas por las Intendencias
Municipales. Cabe señalar que la totalidad de los intendentes fueron
confirmados en sus cargos, registrándose sólo la renuncia del Prof.
Amaral, intendente de Rocha.
El ya mencionado decreto del 28 de noviembre de 19736 ilegalizó
a los siguientes partidos o grupos políticos: Grupos de Acción
Unificadora (GAU), Movimiento 26 de marzo, Movimiento Revolucionario
Oriental, Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido Comunista del
Uruguay (PCU), Partido Socialista (PS), Unión Popular y Unión de
Juventudes Comunistas (UJC).
La
participación de las Fuerzas Armadas había sido institucionalizada en
febrero de 1973, tras la creación del Consejo de Seguridad Nacional
(COSENA) cuya integración era mixta en tanto participaban civiles y
militares. Éste organismo y la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) de las
tres Armas, jugaron un papel fundamental durante el proceso dictatorial
tanto para la coordinación de la gestión gubernamental como para la
planificación de medidas políticas y represivas.
Bajo
los principios rectores de la Doctrina de Seguridad nacional (DSN) se
aprobó en 1974 una nueva Ley Orgánica Militar, que completaba la
institucionalización del COSENA, la JCJ y el Estado Mayor Conjunto
(ESMACO).
A
partir de ese año, el número de funcionarios militares que comenzaron a
ocupar cargos en el aparato estatal fue aumentado considerablemente.
Este proceso de “militarización” del Estado implicó que integrantes de
las Fuerzas Armadas fueran designados como interventores de distintos
Entes Autónomos y para distintos cargos dentro de la administración
pública. Estas medidas se enmarcan dentro de una política de control y
vigilancia de la sociedad civil comprendida dentro de la lógica de
combate al enemigo interno.
Como
mecanismo para fortalecer la idea de un proyecto nacional, 1975 fue
fijado como el “Año de la Orientalidad” en el marco de los festejos del
“Sequiscentenario de los Hechos Históricos de 1825”. Toda una serie de
dispositivos conmemorativos se desplegaron en el correr del mismo año en
el que comienzan a manifestarse las primeras divergencias entre el
elenco castrense y el presidente Juan María Bordaberry.
Estas
diferencias se pusieron de manifiesto a la hora de definir el camino
que debía tomar el gobierno en 1976 (año en el que –
constitucionalmente- deberían ser realizadas las elecciones nacionales).
Los planteos de Bordaberry se orientaban a la fundación de un nuevo
régimen político donde el sistema de partidos como tal no tendría
cabida. Este último punto resultó inadmisible para los mandos militares
que decidieron la destitución del presidente el 12 de junio de 1976.
A
partir de ese momento asumió -de forma transitoria- la presidencia
Alberto Demicheli, quien pertenecía al Partido Colorado, y las
elecciones previstas para ese año fueron suspendidas. Se creó el Consejo
de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y la Junta de
Oficiales Generales y que, entre sus facultades, poseía la potestad de
designar al Presidente así como a los miembros del Consejo de Estado y
de otros ámbitos gubernamentales de extrema importancia. Pocos meses
después, el 1º de setiembre de 1976, la presidencia de la República pasó
a manos de Aparicio Méndez, de filiación blanca.
Una
de las primeras medidas de Méndez fue la firma de una serie de Actos
Institucionales, dentro de los cuales se estableció la proscripción de
toda actividad política. Estos actos constituían una serie de normas de
carácter constitucional que sustituían a la Carta Magna en tanto se
proyectaba una reforma de la misma.
A
partir de ese momento asistimos a lo que Carlos Demasi denomina como
“giro castrense” que no implicó el alejamiento de los civiles del
gobierno “…pero definió de otra forma las reglas de su participación:
los cuadros políticos debían esperar autorización para hablar en
público, o aleccionar a algún militar para que fuera este el que
hablara.”7
En
agosto de 1977 los comandantes presentaron un “Cronograma político”
donde se anunciaba la realización de elecciones para 1981 con una única
candidatura y la apertura a más candidatos para 1986. Al mismo tiempo
expresaron su voluntad de realizar una reforma constitucional en aras de
legitimar las transformaciones introducidas por medio de los actos
institucionales.
El
acto plebiscitario se produjo el 30 de noviembre de 1980 y la población
debía manifestarse por “Si” o por “No” al proyecto constitucional.
Esta instancia significó la derrota del proyecto impulsado por la
dictadura tras la victoria del “No” por 57,9% de los votos. Los
momentos previos al plebiscito implicaron una gran movilización
política; las autoridades desplegaron una gran campaña publicitaria
mientras que aquellos que se oponían a la dictadura realizaron las más
diversas actividades propagandísticas tanto de forma clandestina como en
el marco de una restringida legalidad. A partir de esta derrota se abre
una nueva etapa del proceso político.
En
1981 se aprobó el Acto Institucional Nº 11 donde se establecía una
transición de tres años, y se preveía que en 1982 se realizarían
elecciones internas en los partidos políticos autorizados: Partido
Colorado, Partido Nacional y la Unión Cívica. Por el mismo acto se
designaba un nuevo presidente; cargo que el 1º de setiembre asumió el
Teniente General ® Gregorio Álvarez.
En
lo que respecta a las elecciones internas, las mismas implicaron la
desproscripción de una buena parte de la oposición y la reactivación de
la vida política. Los partidos acordaron las candidaturas a presentar y
quedaron establecidas claramente dos alternativas: los opositores a la
dictadura y los que apoyaban al gobierno de facto.
La
exclusión de la izquierda suscitó que se organizara un movimiento que
promovía el voto en blanco como forma de expresar el apoyo al Frente
Amplio. Sin embargo no faltaron los debates entre los diferentes
sectores que conformaban la coalición sobre cómo actuar frente a las
elecciones internas. La iniciativa del voto en blanco fue impulsada por
el Gral. Líber Seregni desde la prisión y, pese algunas opiniones que se
inclinaban por el apoyo a los sectores progresistas de los partidos
tradicionales; la izquierda se alineó en torno a esta propuesta. Desde
el exterior y en la clandestinidad, los militantes se movilizaron para
marcar la presencia y vigencia del Frente Amplio.
Las
elecciones se llevaron a cabo el 28 de noviembre de 1982, el 60,61% de
los habilitados a votar concurrieron a los comicios y resultaron
ganadoras las listas opositoras a la dictadura. A partir de ese momento
comenzaron a funcionar las Convenciones partidarias y se iniciaron las
conversaciones con el gobierno para pautar los caminos a seguir para la
salida de la dictadura. Las primeras conversaciones se llevaron a cabo
entre mayo y julio de 1983 en el Parque Hotel y duraron hasta que los
partidos decidieron abandonarlas por entender que era inadmisible
continuar las negociaciones en tanto se mantenían las prácticas
represivas.
Al
mismo tiempo, buena parte de la sociedad uruguaya comenzaba a
movilizarse; varios espacios culturales brindaron un lugar para el
desarrollo de acciones de resistencia, profundizando diversos mecanismos
que se habían desarrollado a lo largo de los años de opresión para, por
ejemplo, burlar la censura. Los gremios comenzaron, paulatinamente, a
reactivarse. En ese sentido el gobierno autorizó la creación de
asociaciones de trabajadores por empresa que se nucleó en el Plenario
Intersindical de Trabajadores (PIT) y permitió la realización de un
acto para el 1º de mayo de 1983, que resultó multitudinario. El
movimiento estudiantil, por su parte, conformó la Asociación Social y
Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP).
Hacia
mediados de 1983 comenzaron los primeros apagones y caceroleos masivos
como forma de expresar el repudio a la dictadura y en setiembre se
realizó la “semana del estudiante” con una convocatoria altamente
exitosa. En este marco de creciente movilización social fue creada la
“Intersectorial” como espacio de coordinación entre los partidos
políticos y las organizaciones sociales. El momento culmine de este
proceso fue el acto del 27 de noviembre llevado a cabo en los
alrededores del Obelisco de Montevideo y bajo la consigna “Por un
Uruguay democrático y sin exclusiones”.
En
julio de 1984 se reiniciaron las conversaciones entre los partidos y
los militares, pero esta vez el ausente fue el Partido Nacional. La
negativa de los “blancos” se debía a la reclusión a la que era sometido
Wilson Ferreira Aldunate, líder del sector más “progresista”, quien
había regresado al país el 16 de junio siendo detenido de forma
inmediata. De esta manera las negociaciones fueron llevadas adelante por
el Partido Colorado, la Unión Cívica y la izquierda (cuyo principal
dirigente, Líber Seregni, ya había sido liberado pero se encontraba
proscripto).
Como
resultado de las primeras conversaciones se fueron derogando algunos de
los Actos Institucionales, y se inició la liberación gradual de los
presos políticos. Al mismo tiempo se anunció la desprocripción del
Frente Amplio pero se mantenía ilegal al Partido Comunista.
El
23 de agosto de 1984, en el Club Naval se concretó el acuerdo entre
militares y políticos y se fijaron las elecciones para noviembre. En
setiembre se organizó, con la participación de los partidos políticos y
distintas organizaciones sociales, la Concertación Nacional
Programática (CONAPRO). Este espacio tenía como objetivo lograr acuerdos
y fijar criterios para el futuro gobierno democrático.
El
25 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones nacionales, muchos
políticos continuaban proscriptos y varios miles de ciudadanos tenían
vetada la posibilidad de votar. La victoria recayó en el Partido
Colorado y el 1º de marzo de 1985 asumió la presidencia, el Dr. Julio
María Sanguinetti.
La política económica: Profundización y fracaso de la liberalización
En 1973 se realizaron dos cónclaves8 de
gobierno; el primero de ellos se llevó a cabo a fines de agosto en el
fuerte de San Miguel en el departamento de Rocha. El segundo se realizó
en el mes de octubre en el departamento de Colonia. Allí se
establecieron las pautas de las acciones económicas que se iban a
desarrollar bajo la idea motora de liberalizar la economía y siguiendo
las indicaciones esbozadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y aprobado
por el PE el 4 de abril de 1973. Algunas de las premisas planteadas en
dicho plan eran: limitar el papel del Estado en materia de intervención
económica, realizar una apertura económica hacia el exterior,
jerarquizar el papel del empresario privado y promover el ingreso de
capitales extranjeros.
La
crisis del petróleo que se produce en el mes de octubre provocó la
necesidad de ajustar algunos de los lineamientos planteados, debido a
que al alza del precio del crudo y el cierre del mercado europeo
generaron un desequilibro externo que debía ser enfrentado a través de
la imposición de ciertas medidas económicas. Es así que el rol de Estado
se mantiene, en algunos sentidos, como intervencionista; esta
experiencia económica ha sido denominada por Jorge Notaro como
“intervencionismo reestructurador”.9 De esta forma
y con el objetivo de impulsar la diversificación de las exportaciones,
se tomaron algunas medidas que procuraban incentivar al sector
agro-industrial: exoneración impositiva para algunos productos, líneas
de crédito preferenciales y facilidades fiscales. Todos aquellos
productos que eran exportables fueron declarados de interés nacional.
En
1974 la JCJ comenzó a participar activamente en el Consejo Económico y
Social que asistía al gobierno en materia económica al tiempo que
oficiaba de contralor de que se siguieran las medidas acordadas en los
cónclaves mencionados. En julio del mismo año, Alejandro Végh Villegas
asumió como Ministro de Economía logrando concretar algunas de las
medidas liberalizadoras iniciadas en 1973 así como el fortalecimiento
de la producción nacional.
Para
atraer a los capitales extranjeros se implementaron diversas medidas:
se promulgó la Ley de inversiones extranjeras, se promovió la reducción
del costo de la mano de obra y se dio inicio a un intenso proceso de
liberalización y apertura del sistema financiero uruguayo y del mercado
cambiario. En mayo de 1975 se aprobó la ley de libre convertibilidad del
peso uruguayo para los movimientos financieros y la libre
transferibilidad de capitales. En marzo de 1976 se eliminó el curso
forzoso de la moneda nacional y unos meses después se liberaron los
topes de posiciones en moneda extranjera de los bancos. Jaime Yaffé
expresa que: “al cabo de este proceso el mercado financiero uruguayo
quedó completamente liberalizado lo mismo que los movimientos de
capitales desde y hacia el país, iniciándose un proceso de dolarización
de la economía”.10
Otra
de las líneas económicas que caracterizan a este período fue el impulso
de las exportaciones no tradicionales que permitió el crecimiento de
industrias como la textil, el cuero, la química y la de algunos
minerales no metálicos.
Para
promover las exportaciones se impuso un tipo de cambio real elevado al
tiempo que la caída del salario real favorecía que los costos de
producción fueran competitivos en el mercado internacional. La
diversificación de los mercados compradores fue otro de los pilares de
esta política, de esta manera se establecieron relaciones comerciales
con países asiáticos y árabes al tiempo que se suscribieron acuerdos con
países de la región. Esto último provocó un fluido intercambio con
Brasil y Argentina.
Si
bien las exportaciones registraron un claro aumento y constituyeron un
puntal del crecimiento económico, también lo hicieron las importaciones
provocando el déficit de la balanza comercial. Esta situación
deficitaria fue apaliada con el ingreso de los capitales extranjeros y
con el aumento de la deuda externa, que pasó de 956 millones de dólares
en 1974 a 1.239 millones en 1978.
En
setiembre de 1976 Valentín Arismendi asumió como nuevo Ministro de
Economía y Finanzas en tanto que José Gil Díaz se convirtió en el nuevo
presidente del Banco Central, ocupando dichos cargos hasta 1982. En el
último mes de 1977 se llevó a cabo el cuarto cónclave cívico militar en
Solís, allí fueron planteados los lineamientos que provocarían un
reajuste de la política económica.
Uno
de los objetivos estratégicos de este equipo económico era transformar
al país en una plaza financiera, y para ello era necesario generar un
clima económico favorable donde reinara la estabilización monetaria.
Profundizando la línea económica del período anterior se procuraba
mejorar la economía por medio del ingreso de capitales extranjeros
ofreciendo para ello todo tipo de ventajas.
En
ese marco se aplicaron una serie de medidas económicas que apuntaron a
privilegiar la actividad financiera: se anularon los controles fiscales y
se abandonó el control de la oferta monetaria, en 1979 se eliminaron
los encajes bancarios obligatorios y las tasas de intereses fueron
liberadas al eliminarse los topes existentes y se amplió el margen de
endeudamiento de los bancos. En ese mismo año el sistema tributario fue
modificado revocando el impuesto que afectaba a los depósitos bancarios
y el que gravaba las ganancias de las inversiones extranjeras.
Un
eje central de este período fue la modificación de la política
cambiaria; se creó un sistema de preanuncio del tipo de cambio que fue
conocido como “la tablita”. De esta manera el gobierno informaba con
cierta anticipación cuántos pesos uruguayos valdría cada dólar
americano. Este régimen privilegió la moneda norteamericana frente al
peso en el marco de la llamada “dolarización de la economía”; al tiempo
que la imposición del atraso cambiario elevó el costo de las
exportaciones y abarató las importaciones. En el marco de una política
de liberalización importadora se fueron cancelando los beneficios que,
en una primera etapa, se le habían otorgado a las industrias
exportadoras. De esta manera, el mercado interno se vio,
progresivamente, inundado de productos extranjeros. En ese sentido el
déficit comercial se acrecentó durante trienio 1979-1981.
En
noviembre de 1981 se realizó, en Piriápolis, el quinto cónclave; los
lineamientos allí aprobados configuraron un nuevo avance en el proyecto
de desarrollo y de liberalización, pero no pudieron ser aplicados por el
estallido de la crisis.
El
25 de noviembre de 1982 el Banco Central se retiró del mercado
cambiario anunciando el abandono del cronograma de cotizaciones
anticipadas, este episodio ha sido conocido como el “quiebre de la
tablita”. El gobierno dejó de controlar el precio del dólar lo que
provocó la suba estrepitosa de su valor, en solo dos días el dólar
americano pasó de 13 a 39 pesos uruguayos. Ante esta situación, en
diciembre de 1982 Valentín Arismendi fue sustituido por Walter Lusiardo
Aznárez.
A
partir de ese momento se desencadenó una de las peores crisis
económicas de la historia del país que develó las insuficiencias del
modelo económico de la dictadura y la persistencia de “desequilibrios
estructurales que el modo de crecimiento del período llevaba implícitos
(déficit comercial, déficit en Cuenta Corriente, creciente endeudamiento
externo e interno, alta inflación y deterioro de los ingresos reales de
asalariados y usufructuarios de la seguridad social)”.11
A
la quiebre de empresas se agregó el desempleo, que en 1982 registró un
aumento considerable pasando del 7% al 12%. Sumado a esto, se asistió a
la profundización de la caída del salario real. Por otra parte, la fuga
de capitales fue acompañada por una persistente caída de las reservas.
Los precios subieron y se desató, nuevamente, un proceso inflacionario.
El endeudamiento externo creció alcanzando los 4.238 millones de dólares
y el déficit fiscal trepó al 9% del PBI12 al tiempo que se producía la
cesación de pagos.
En
diciembre de 1983, Vegh Villegas fue convocado nuevamente para hacerse
cargo de la cartera económica del país. Una vez más, el estado uruguayo
asumió un rol intervencionista para poder salir de una crisis económica
que se enmarcaba en el proceso de transición política hacia la
democracia. En ese sentido la maniobra estatal consistió en adquirir, a
través del Banco Central, los créditos incobrables correspondientes a
cinco instituciones bancarias nacionales para que fueran adquiridos por
bancos extranjeros. Para realizar esta operación –llevada a cabo en
junio de 1983- el Estado tuvo que aumentar su endeudamiento con el
exterior en 300 millones de dólares. Al verse imposibilitado de cumplir
con los tiempos acordados con el FMI, el Estado uruguayo tuvo que
acordar con dicho organismo un plan de ajuste y refinanciación. El país
iniciaba su recuperación democrática con un endeudamiento externo que
alcanzó el 90% del PBI.
Hacia
el final de la dictadura los intentos liberalizadores iniciados en 1959
así como las pretensiones neoliberales habían fracasado demostrando las
flaquezas estructurales de dicho proyecto económico.
El terrorismo de Estado
El
terrorismo de Estado se ejerció en distintas dimensiones y afectó a
todo el conjunto de la sociedad uruguaya. Las prácticas llevadas a cabo
por el gobierno comenzaron a manifestarse mucho antes del quiebre
institucional pero se profundizaron y desplegaron en todo su potencial a
medida que transcurrió la dictadura.
Una
de las principales características de la estrategia represiva de la
dictadura uruguaya fue la del encarcelamiento masivo y prolongado.
Aproximadamente 6000 personas fueron procesadas por la Justicia Militar
mientras que otras miles pasaron por los centros de reclusión o de
detención bajo el régimen de Medidas Prontas de Seguridad o con motivo
de ser interrogados.
La
tortura fue un elemento constante del régimen y se aplicó de forma
rutinaria a los detenidos ya fuera en los establecimientos destinados
para el encarcelamiento o en los centros clandestinos de detención. Las
prácticas de tortura no sólo implicaban el daño físico sino que también
apuntaban al debilitamiento sicológico de las víctimas, contando para
ambas funciones con profesionales de la medicina que prestaban sus
servicios a la dictadura.
El
exilio político fue otras de las dimensiones del terrorismo de Estado,
cientos de miles de uruguayos debieron emigrar por razones políticas. La
mayoría de ellos se encontraban requeridos por la Fuerzas Conjuntas y
abandonaron el país en su condición de perseguidos políticos. Desde el
exterior, la mayoría de ellos, organizaron la resistencia a la dictadura
iniciando grandes campañas de denuncia y de solidaridad.
Pero
la salida del país no garantizaba la salvación. El desarrollo de la
coordinación represiva regional encuadrada en el llamado Plan Cóndor,
permitió que la represión y persecución traspasara las fronteras. De
esta manera, muchos uruguayos fueron detenidos, desaparecidos y
asesinados en Argentina, Chile, Paraguay e incluso en Bolivia y
Colombia.
El
24 de marzo de 1976 se produce el Golpe de Estado en Argentina, y a
partir de esa fecha se recrudece la persecución de los uruguayos que se
habían exiliado en la vecina orilla; “(...), en 1976 se desplegó en
Buenos Aires una serie de acciones contra militantes uruguayos
pertenecientes a otros sectores de la oposición al régimen autoritario.
Los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz a fines de mayo fueron los
ejemplos más claros de que la coordinación represiva no se restringió a
los integrantes de grupos guerrilleros y de acción directa, aunque hubo
varios intentos de asociar a estos dos líderes con los movimientos
armados. La más obvia de estas tentativas fue la aparición de sus
cuerpos juntos con los de William Whitelaw y Rosario Barredo, dos ex MLN
(“Nuevo Tiempo”) radicados en Buenos Aires. (...).”13
En
lo que se refiere al asesinato político, en las cárceles uruguayas
fallecieron 66 personas. Los motivos de muerte están asociados a los
apremios físicos recibidos, a la falta de atención médica y a la
autoeliminación. A su vez 22 uruguayos murieron en enfrentamientos con
las Fuerzas Armadas y otros 13 fueron secuestrados y asesinados en
Uruguay y Argentina.14
Cerca
de doscientas personas fueron detenidas y desaparecidas durante la
dictadura, aunque antes del Golpe de Estado se produjo la desaparición
de dos uruguayos en 1971.
Según
las investigaciones realizadas por la Comisión para la Paz se han
confirmado15 168 de las denuncias que allí se presentaron. De ese total
de casos confirmados, 32 personas desaparecen en Uruguay, 125 en
Argentina, 9 en Chile, 1 en Bolivia, 1 en Colombia.
Como
podrá apreciarse la mayoría de los uruguayos son detenidos y
desaparecen en la República Argentina producto de la coordinación entre
las fuerzas represivas de ambos países.
Por
otra parte es importante señalar que estos procedimientos se enmarcaron
dentro de operativos represivos llevados a cabo de forma planificada y
como producto de minuciosas investigaciones de inteligencia.
De
esta manera pueden registrarse una serie de “oleadas represivas”
vinculadas a los objetivos políticos que perseguían las fuerzas de
seguridad:
Las
oleadas o ciclos represivos con secuelas de personas detenidas
desaparecidas, se suceden en los siguientes períodos de tiempo:
1973
setiembre-diciembre. Oleada represiva contra uruguayos militantes del
MLN –T y cientos de exiliados latinoamericanos residentes en Chile,
inmediatamente del golpe que derrocó al Presidente constitucional, Dr.
Salvador Allende.
1975
octubre-diciembre y 1976 enero-junio. Oleadas represivas contra
militantes del PCU en Uruguay en el marco del despliegue de la llamada
“Operación Morgan”.
1976 abril, junio-julio y agosto-octubre. Oleadas represivas contra integrantes del PVP en Buenos Aires y Asunción del Paraguay.
1976 abril, agosto, noviembre-diciembre y 1977 febrero, mayo-agosto. Oleadas contra militantes del MLN –T en Buenos Aires.
1977 noviembre-diciembre. Oleada contra militantes de la organización argentina Montoneros radicados en Uruguay.
1977 diciembre y 1978 enero contra miembros de los GAU, AMS, PCR Y MLN –T radicados en Argentina.
1978 abril, junio-julio y agosto contra militantes PST, anarquistas, PCR y MLN –T radicados en Argentina.
1978 mayo. Nueva oleada contra Montoneros en Uruguay.
1981 setiembre y 1982 enero. Oleada represiva con militantes desaparecidos de la UJC y PCU en Montevideo.
Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado. 1973-1985.” Tomo I. P.779
Otra
de las dimensiones del terrorismo de Estado se concentró en el montaje
de una red de vigilancia que no solo permitía el cercenamiento de las
libertades sino que apuntaba a la modificación de las relaciones
sociales desde los aspectos más cotidianos.
Los
servicios de información e inteligencia desplegaron todo su potencial
en aras de desarticular tanto a las organizaciones calificadas como
subversivas como a los espacios dónde las mismas pudieran propagarse. De
esto se desprende el feroz control que comenzó a ejercerse sobre los
medios de comunicación y las diversas expresiones culturales de la
sociedad.
Si
bien el montaje de un sistema de control y vigilancia sobre toda forma
de expresión social o ciudadana es parte de un proceso que cobra fuerza a
finales de los años 60, su implementación legal y normativa data, en
algunos casos, de los años 30. Así la censura a los medios de
comunicación, el contralor de radiocomunicaciones, la prohibición de la
difusión de determinadas noticias, la prohibición de libros, autores,
músicos, artistas “antidemocráticos”, etc., quedó establecida legalmente
antes del Golpe de Estado. De todas formas, la dictadura estableció
algunas normativas que le permitieran profundizar sus mecanismos de
control. A modo de ejemplo: en octubre de 1973 se dispone que toda
información sobre la situación del país que fuera enviada al exterior
por las agencias informativas, debía hacerse previa presentación de una
copia al Ministerio del Interior. En 1975 la Dirección Nacional de
Correos es autorizada a confiscar toda correspondencia que considere
subversiva.
Los
medios de comunicación estaban sujetos a todo tipo de censuras: se
controlaban las publicaciones, los programas de radio y de televisión.
Si éstos no se ajustaban a lo que el gobierno estimaba conveniente eran
castigados como mecanismo de disciplinamiento; dichos castigos
implicaban, por ejemplo, la suspensión de la edición de un diario por un
determinado tiempo o su cierre definitivo.
En
el caso de las expresiones artísticas, se realizaba un pormenorizado
seguimiento de todas las actividades. Existía para ello una Comisión de
Censura que se encargada de determinar que podía ser presentado al
público. En cuanto a la cinematografía las empresas distribuidoras
debían solicitar autorización para que los films que comercializaban
pudieran ser proyectados. De esta manera, las películas a estrenar eran
presentadas ante la Comisión Censora, generalmente acompañada de algún
grupo de oficiales o militares o de la Policía, quien determinaba si la
película ofrecía escenas tendenciosas y si era recomendable o no su
proyección y establecía si algún pasaje del film sería censurado.
Lo
mismo sucedía con los espectáculos de carnaval, los conjuntos que se
presentaban para actuar dentro o fuera del concurso oficial debían
entregar los textos del espectáculo a una Comisión censora, la cual los
aprobaba o rechazaba total o parcialmente. En algunos casos se
realizaban seguimientos específicos a determinados conjuntos, se asistía
a todas sus actuaciones para determinar que no se realizaran agregados
al espectáculo y comprobar el ajuste de sus presentaciones a lo
establecido por la comisión.
A
su vez, existían autores y artistas de distintas disciplinas que se
encontraban prohibidos por ser considerados subversivos. En esos casos
estaba totalmente prohibida la difusión de sus obras y la venta de las
mismas, para lo cual se controlaban librerías y disquerías. En el caso
de los músicos se realizaban “escuchas” permanentes de los programas
radiales para verificar que no se trasmitieran canciones de artistas
proscriptos.
Los
mecanismos de vigilancia implicaban controlar todas aquellas
actividades que nuclearan a grupos de personas. Tanto los ámbitos
educativos como las comunidades religiosas y todas aquellas formas de
organización que fue encontrando la sociedad civil, fueron objeto de
investigaciones y seguimientos por parte de los servicios de
inteligencia del Estado.
De
esta manera se asiste a una “clausura de los espacios públicos” que
busca impedir todo tipo de formas de expresión que atentaran contra el
orden que se procuraba establecer. Reuniones, conferencias, festivales,
campamentos, todo espacio que facilitara o promoviera el nucleamiento de
personas debía estar previamente autorizado. Al mismo tiempo un equipo
de inteligencia asistía a todas estas actividades para realizar un
efectivo control de las mismas. Incluso aquellos eventos o fechas
conmemorativas oficiales que implicaran asistencia de público, eran
objeto de un riguroso control.
La
dictadura generó, pues, un proceso de restricción en las formas de
solidaridad social, en la medida que los mecanismos represivos sumados a
la presencia del “miedo” conducían, en muchos casos, a que las familias
se encerraran en sí mismas y los espacios barriales de interacción
social fueran restringiéndose cada vez más al tiempo que se imponía,
también, la cultura de la sospecha y la delación.
Notas:
1.
Es importante mencionar que las periodizaciones suelen ser “recortes”
arbitrarios y que siempre se encuentran sujetas a movilidad dependiendo
de los enfoques y miradas que produzcan quienes estudien el período.
2.
Ver: Álvaro Rico. Del Estado de Derecho al Estado de Policía. Uruguay
1967- 1973. En: C. Demasi y otros; “Estado de derecho y Estado de
excepción”; Ed.: Trilce, Montevideo, 1999. / Álvaro Rico. “1968: el
liberalismo conservador”. EBO, Mdeo.,1990.
3. Tres de ellas fueron asesinadas por el MLN-T y siete tupamaros perdieron sus vidas en manos de las Fuerzas Conjuntas.
4.
Álvaro Rico (coord..). “15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de
Estado y Huelga General”. Fin de Siglo, Montevideo, 2005. P. 16.
5.
A las 5 de la tarde fue convocada una concentración en 18 de julio. La
movilización que contó con una asistencia masiva resultó fuertemente
reprimida. En ella son detenidos los generales Seregni y Licandro y el
coronel Zufriategui junto a un centenar más de manifestantes.
6.
Decreto por el cual es ilegalizada la FEUU junto a otras agrupaciones
estudiantiles o sindicales como ser: Agrupaciones Rojas, Resistencia
Obrero-Estudiantil, Frente Estudiantil Revolucionario.
7.
Carlos Demasi; La evolución del campo político en la dictadura. En:
AA.VV. “La dictadura cívico- militar. Uruguay 1973-1985”, EBO,
Montevideo, 2009. P. 49.
8. Así fueron llamadas las reuniones que se realizaban entre los principales representantes civiles y militares del gobierno.
9. Jorge Notaro, “La política económica en el Uruguay 1968-1984”, CIEDUR-EBO, Montevideo, 1984.
10.
Jaime Yaffé, Proceso económico y política económica durante la
dictadura; en: AA.VV. “La dictadura cívico- militar. Uruguay 1973-1985”,
EBO, Montevideo, 2009. P. 127.
11. Ídem. P. 133-134.
12. Producto Bruto Interno
13.
Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Investigación
Histórica sobre Detenidos- Desaparecidos”. IMPO, Tradinco. Mdeo. 2007.
Tomo I. Ibíd. Pág. 294. Los secuestros y asesinatos en Argentina del
senador Zelmar Michelini (Frente Amplio) y del Presidente de la Cámara
de Representantes del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional),
fue realizado por un comando conjunto de militares uruguayos y
argentinos. Ambos legisladores se exiliaron en Buenos Aires
inmediatamente al golpe de Estado y continuaron desde allí las denuncias
por las violaciones a los derechos humanos en Uruguay. En la noche del
18 de mayo son secuestrados y tres días, el 21 de mayo, los cadáveres
de Zelmar Michelini, y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto con los de William
Whitelaw y Rosario Barredo, fueron encontrados en un auto abandonado.
14.
Datos extraídos de: Álvaro Rico (coord.). “Investigación Histórica
sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado. 1973-1985.” Ed. Cruz del
Sur, UdelaR. CSIC- CEIU, Montevideo. 2009. Tres Tomos. Hay más casos de
asesinatos políticos que no son contemplados en esta clasificación.
15.
Estos datos corresponden al año 2009, es importante señalar que se ha
avanzado en la investigación y la cifra de denuncias confirmadas ha
crecido. Al carecer de la información precisa se tomó como referencia
los datos contenidos en la Investigación Histórica sobre la Dictadura y
el Terrorismo de Estado, citada con anterioridad.
