HISTORIA DE URUGUAY SIGLO XX

En la historia del Uruguay en el siglo XX se distinguen cuatro etapas:
• la consolidación de la democracia política, la reforma social y la prosperidad económica (1903-1930);
• la crisis económica y política y la restauración democrática (1930- 1958);
• el estancamiento económico, la atomización de los partidos políticos tradicionales, el crecimiento de la izquierda, y la dictadura militar (1959-1985);
• y por fin la restauración democrática y la entrada del Uruguay al Mercosur (1985-).
La primera etapa es fundacional y parece clave para explicar algunas de las características y la mentalidad dominantes en el país hasta muy avanzado el siglo.
La figura de José Batlle y Ordóñez (1856-1929) domina políticamente este período.
Presidente en dos oportunidades (1903-1907), (1911-1915), signo con sus ideas y a la vez expresó la sociedad de clases medias que estaba naciendo al amparo de la prosperidad económica y la facilidad del ascenso social.
La economía vio aparecer nuevas formas industriales que valorizaron plenamente la producción de carnes al refrigerardas y venderlas a Europa (el primer frigorífico es de 1905), lo que tuvo consecuencias políticas pues alejó definitivamente el fantasma de las viejas guerras civiles entre blancos y colorados ya que los estancieros se oponían ahora a ellas por destructoras de bienes con valor de mercado.
La intervención estatal comenzó. La gestión financiera del Estado (Banco de la República, 1896 y Banco Hipotecario, 1912), comercial (Banco de Seguros, 1911), e industrial (energía eléctrica y teléfonos, 1912, combustibles y petróleo, 1931), se constituyó en un elemento definitorio de la relación entre sociedad civil y Estado en todo el siglo XX.
La democracia política, obra, en la que sobresalió más la oposición política que el partido colorado en el gobierno, se afianzó con el logro del voto secreto y la representación proporcional establecidos en la Constitución de 1917, la pureza electoral garantizada por las leyes de 1924, y una atmósfera de tolerancia fundada en parte en la imposibilidad tanto de las personalidades políticas como de los partidos en que se dividía la opinión , de hegemonizar a la opinión pública.
En lo social, el Uruguay vivió una época de legislacion del trabajo, protectora de los obreros y otros sectores populares (la ley de 8 horas fue aprobada en 1915) y de garantías para el retiro de los trabajadores establecidas por diferentes leyes que fundaron Cajas de Jubilaciones para casi todos los oficios en los años 20.
Demograficamente el país, que contaba con 1.042.000 habitantes según el Censo realizado en 1908, apenas duplicó su población en 1930, estimada en 1.900.000. El descenso de la tasa de mortalidad fue muy significativo y se debió sobre todo al avance del nivel de vida de la población y a las medidas higiénicas que el gobierno adoptó. El descenso relevante de la tasa de natalidad convirtió al Uruguay, probablemente en el primer país de América Latina que obviamente controlaba sus nacimientos.
La difusión de la cultura (la tasa de analfabetismo también descendió y se expandió la Enseñanza Secundaria en el interior del país), la facil recepción de los modelos demográficos europeos por una población de origen inmigratorios, la mentalidad prudente de las dominantes clases medias, todo ello explica que en 1930 el Uruguay tuviera de sí mismo la imagen de un país moderno, europeizado y escasamente latinoamericano. Un dato mas contribuía a acentuar esta imagen: la cultura y la enseñanza se habían secularizado y la influencia de la Iglesia Católica era escasa al grado de que sin mayores repercusiones sociales, ni políticas el Estado y la Iglesia se separaron por la Constitución de 1917.
La ley de divorcio por causal, la primera aprobada, fue en 1907 y la mujer obtuvo en 1913 la ley de divorcio "por su sola voluntad". En 1932 logró el derecho al sufragio.
La crisis económica mundial iniciada en 1929 en Estados Unidos, repercutió en el Uruguay a partir de 1930-31. El descenso del precio de las materias primas y alimentos que el Uruguay exportaba, y las restricciones del comercio internacional, generaron aumento de la desocupación y caída del ingreso.
La lucha por la distribución del mismo se acentuó entre los grupos sociales y el reformismo social batllista fue enjuiciado duramente por ineficaz y populista por las gremiales de estancieros y comerciantes que criticaban el peso impositivo de un Estado que no controlaban.
El Presidente de la República electo en 1931, Gabriel Terra, oyó estas demandas de las clases altas y con el apoyo de algunas fracciones de los dos partidos tradicionales dio un golpe de Estado el 31 de marzo de 1933, disolviendo el Poder Legislativo y la parte colegiada del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Administración.
Este golpe y el gobierno resultante, de Terra, hasta 1938, aunque represor del movimiento obrero y los partidos de izquierda y "progresistas", y desconocedor en muchos planos, de los derechos individuales, demostró también la originalidad de la historia uruguaya. El golpe había sido protagonizado por un presidente civil y dado con la aprobación del ejército pero sin su intervención directa, había contado con el apoyo de arte de los partidos políticos tradicionales y además, procurado la legitimación inmediata de las urnas convocando a elecciones ya en 1933.
La lenta recuperación de la economía mundial, el peso en la sociedad toda de las tradiciones democráticas, y el alineamiento del Uruguay con los Aliados enemigos del nazi-fascismo en la II Guerra Mundial (1939-45), determinaron la recuperación plena de la vida institucional democrática con las elecciones de noviembre de 1942 en las que fue electo presidente Juan José de Amézaga (1943-1947).
Bajo el gobierno de Luis Batlle Berres (1947-1951), la prosperidad económica se consolidó por los crecientes beneficios que deparó a las exportaciones uruguayas la guerra de Corea (1950-1953). En 1952 se adoptó una nueva Constitución que implantó una estructura colegiada de nueve miembros para el Poder Ejecutivo, seis de ellos para el partido mayoritario y tres para el que le siguiera en votos.
La intervención del Estado en la economía recibió un nuevo impulso con la nacionalizacion de las empresas británicas (ferrocarriles y aguas corrientes, 1949). En realidad, Gran Bretaña pagó de esa manera al Uruguay la deuda que había contraído por el suministro de carnes uruguayas durante la II Guerra Mundial.
La prosperidad económica y el impulso del gobierno de este segundo batllismo consolidaron un vigoroso crecimiento de la industria de sustitución de importaciones y el número de obreros aumento con espectacularidad.
Otra vez, el país de los años 50 parecía recordar al país de los años 20. El desarrollo cultural era muy importante y el analfabetismo tendía a desaparecer. Desde el gobierno se insistía en que el Uruguay era la Suiza de América, tanto por la continuidad de su democracia, como por la fuerza de su clase media y hasta por el Ejecutivo Colegiado que lo regía.
La tercera etapa de la historia del Uruguay en el siglo XX (1959- 1985), estuvo caracterizada por la crisis y el estancamiento económico y, en sus años finales (1973-1985), por la caída de las instituciones democríticas y la instalación de una dictadura militar, aparentemente insólita, observadas las características de la historia de la larga duración en el Uruguay, pero reveladora de la gravedad de la situación.
Las modificaciones de la economía mundial, en especial la formación del Mercado Común Europeo (1957) y la sustitución de la hegemonía británica por la estadounidense en América Latina, dejó a las producciones exportables uruguayas a la deriva. El país, por ejemplo, dependía financieramente de una nación (EEUU.) con una economía competitiva y no complementaria de la suya, mientras su tradicional mercado europeo se cerraba a sus carnes. El estancamiento de la ganadería y el fin del proceso de industrialización, completaron el panorama negativo que se tradujo en una disminución permanente del ingreso.
Los diversos sectores sociales, los sindicatos obreros y de empleados públicos, y las gremiales empresariales, lucharon entre sí por la distribución de una riqueza cada día menor en medio de una inflación que nada parecía detener.
Los partidos tradicionales se alternaron en el poder (gobiernos blancos de 1959 a 1967 y colorados de 1967 a 1973) y se fraccionaron. La izquierda se unificó y surgió así el Frente Amplio en 1971. El gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) funcionó ya dentro de esquemas autoritarios pues decretó la suspensión de las garantías individuales casi durante todo su mandato y, del otro lado, ciertos sectores de la izquierda con el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) a la cabeza, también descreyeron del sistema democrático impulsando la lucha armada.
El proceso de deterioro de las instituciones fue vivido dramáticamente por una sociedad que sólo con lentitud dejó de tener fe en ellas, y culminó con el Golpe de Estado que las Fuerzas Armadas protagonizaron el 27 de junio de 1973, disolviendo las cámaras legislativas y asumiendo, bajo la cobertura del presidente civil Juan María Bordaberry (1972-1976), la totalidad del poder público hasta febrero de 1985.
Los 12 años de la dictadura militar estuvieron signados por la represión de todas las fuerzas políticas, particularmente dura con las de izquierda, por el encarcelamiento de todos los dirigentes sindicales y la prohibición de la actividad gremial a obreros y empleados, y por la expulsión de los funcionarios públicos, especialmente los docentes, sospechosos de cualquier inclinacion izquierdista.
Desde el punto de vista económico, el gobierno militar, asesorado por técnicos de ideas neoliberales, procedió a cierta apertura de la economía al exterior, procurando atraer al capital extranjero y limitar la intervención del Estado. El deterioro del salario real tuvo consecuencias imprevistas en un gobierno conservador ya que forzó la entrada masiva de la mujer al mercado del trabajo fuera del hogar, estrategia familiar de sobrevivencia que adoptaron los sectores populares y la clase media.
Las resistencias de la sociedad al régimen militar tuvieron su expresión más clara en el rechazo de la Constitución autoritaria que el gobierno promovía, ocurrido en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980 cuando "el NO" recogió el 57,2% del total de sufragios, y eso en medio de una censura militar casi completa de los medios de comunicación.
La crisis financiera y económica de 1982, que aceleró la inflación y sobre todo la desocupación, y esas resistencias sociales aludidas, que también condujeron a la reorganización del movimiento sindical, llevaron a los militares a ceder el poder a la sociedad civil, aunque con ciertas limitaciones, de las que dio cuenta el llamado Pacto del Club Naval concluído el 3 de agosto de 1984.
En elecciones en que hubo candidatos todavía vetados por las Fuerzas Armadas, surgió como presidente constitucional el líder colorado Julio Maria Sanguinetti. Bajo su presidencia (1985-1990) y la de su sucesor, Luis A. Lacalle (1990-1995) se fortificaron las instituciones democráticas, el clima de tolerancia recíproca renació y políticamente el país tendió a dividirse en tercios: colorados, blancos y frenteamplistas.
Los militares lograron que la Ley de Caducidad y el posterior referendum popular que la consolidó (1989) impidiera su persecucion judicial ante las violaciones de los derechos individuales acaecida bajo la dictadura.
En 1991, el Uruguay paso a fundar e integrar el Mercosur, alianza económico aduanera que lo incluye junto a Brasil, Argentina y Paraguay.
En 1995, la población del país alcanza los 3 millones de habitantes, acentuándose el rasgo ya advertible en los comienzos del siglo XX, el escaso crecimiento natural de su población, debido sobre todo al alto grado de control de la natalidad que practican sus habitantes. La tasa de analfabetismo representa apenas el 4,25 de la población del país. La calidad de vida de la mayoría de los habitantes es una de las mas altas de América Latina, aventajada solo en ciertos rubros, por Costa Rica, Cuba y Argentina, siendo la esperanza de vida al nacer de 71 años y fracción. La mayoría de sus habitantes es considerada católica por las estimaciones de esta Iglesia, pero el numero de sacerdotes no sobrepasa los 700. La tasa de divorcios es alta, similar a la de las naciones europeas.
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documento elaborado por: José Pedro Barrán
Fuente: www.rau.edu.uy
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